A un año de la llegada de Rodrigo Paz al Gobierno, Bolivia muestra cambios en su política económica, pero todavía enfrenta dificultades para traducir las medidas de estabilización en crecimiento, inversión y empleo. El acceso a recursos externos, la flexibilización cambiaria y el ajuste a los combustibles marcaron el periodo, mientras la contracción del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y los problemas del sector hidrocarburífero mantienen abiertos varios frentes.
Financiamiento externo y cambio de rumbo
Paz asumió la Presidencia el 8 de noviembre de 2025 en un escenario marcado por la escasez de dólares, las dificultades de abastecimiento de combustibles y los desequilibrios fiscales. Durante sus primeros doce meses, su administración impulsó medidas para modificar ese panorama y recuperar el acceso de Bolivia al financiamiento internacional.
Uno de los principales hitos fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $us 1.900 millones, aprobado por el directorio del organismo el 2 de octubre de 2026. El programa tiene una duración de 36 meses y habilitó un primer desembolso de $us 214 millones. A esto se sumó la colocación de bonos soberanos por $us 1.000 millones en mayo, a cinco años plazo y con una tasa de interés del 9,45%. Estas operaciones marcaron el retorno del país a los mercados internacionales de capitales, aunque también incorporan nuevas obligaciones financieras.
En el ámbito cambiario, el Ejecutivo estableció un régimen flexible mediante la Resolución Ministerial 245, del 26 de junio. Posteriormente, el Banco Central de Bolivia aprobó una nueva regulación que eliminó el límite de diez centavos por encima del tipo de cambio oficial para la venta de dólares por parte de las entidades financieras. Los cambios modificaron el esquema de referencia de la divisa, pero no significaron por sí solos la normalización de todas las operaciones en moneda extranjera.
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Una economía que todavía no logra recuperarse
Los indicadores de actividad muestran la dimensión de las dificultades. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el PIB acumuló una contracción del 3,27% entre enero y junio de 2026. Solo en el segundo trimestre, la caída interanual llegó al 5,94%, en un periodo afectado por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio.
El impacto alcanzó a diferentes sectores productivos. En el primer semestre, la construcción registró una contracción acumulada del 27,01%; el transporte y las comunicaciones, del 12,74%; y el comercio, del 8,43%. Las industrias manufactureras también cerraron ese periodo con una variación negativa del 3,29%. El deterioro refleja las dificultades para movilizar mercancías, abastecer mercados y mantener el ritmo de las actividades productivas durante los conflictos y la escasez de carburantes.
A la contracción se suma el comportamiento de los precios. Según el INE, octubre registró una inflación mensual del 2,07%, con lo que la variación acumulada entre enero y ese mes alcanzó el 6,03%, mientras que la inflación a doce meses llegó al 7,08%. El incremento estuvo relacionado principalmente con el transporte público y productos de consumo cotidiano como la cebolla, la papa, el tomate y la carne de res. Así, aunque el Gobierno reportó avances en la estabilización de algunos indicadores, el costo de vida continúa siendo una preocupación para los hogares.
Combustibles: ajuste, crisis de calidad y reestructuración de YPFB
La política de combustibles fue otro de los principales componentes del primer año de gestión. El Gobierno modificó el esquema de subvención para reducir la presión sobre las cuentas públicas y enfrentar las dificultades de abastecimiento. Sin embargo, el proceso estuvo acompañado por denuncias de daños en vehículos debido a la calidad de la gasolina distribuida en el mercado interno.
En mayo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoció el impacto del problema y explicó que Bolivia producía alrededor del 40% de la gasolina que consumía, mientras importaba el 60% restante. La estatal identificó factores relacionados con el almacenamiento, las características del combustible importado y vacíos en los controles normativos. El episodio puso en discusión la capacidad de fiscalización y la dependencia externa para garantizar el suministro de carburantes.
La situación también derivó en cambios institucionales. El 2 de septiembre, mediante el Decreto Supremo 5697, el Gobierno dispuso la intervención de YPFB a través de una comisión interministerial, con un plazo inicial de hasta 180 días. La medida fue planteada para revisar los procesos de importación y distribución, realizar auditorías y recuperar la eficiencia operativa de la estatal. Aun así, el desafío de fondo continúa vinculado a la declinación de la producción hidrocarburífera y a la necesidad de atraer inversiones para desarrollar nuevas reservas.
Las reformas que todavía esperan
Más allá de las medidas económicas ejecutadas, el primer año también estuvo marcado por la demora de las reformas legales anunciadas por el Ejecutivo. Entre las iniciativas pendientes figuran nuevas normas para inversiones, hidrocarburos y minería, consideradas parte de la hoja de ruta para modificar las condiciones de participación privada y dinamizar sectores estratégicos.
El proyecto de Ley de Inversiones llegó a la Asamblea Legislativa, pero fue observado y devuelto, mientras que las propuestas para los sectores hidrocarburífero y minero no avanzaron hasta convertirse en nuevas leyes. Un recuento publicado por El Deber, con base en la Gaceta Oficial, señala que hasta el 30 de octubre se habían promulgado 89 leyes durante el periodo legislativo, aunque las principales reformas económicas anunciadas seguían sin concretarse.
En paralelo, la recuperación del sector energético continúa condicionada por la falta de exploración y la necesidad de establecer nuevas reglas para atraer capital. YPFB advirtió que la declinación natural de los campos maduros exige inversiones y una nueva normativa que permita desarrollar recursos y ampliar la producción. La empresa proyectó para 2026 un promedio de 26,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, en un contexto de menor disponibilidad de reservas desarrolladas.
El primer año de Rodrigo Paz deja, por tanto, un cambio en la orientación de la política económica y nuevas fuentes de financiamiento, pero también una economía que todavía no recupera su capacidad productiva. El reto para la siguiente etapa será convertir los ajustes cambiarios y fiscales en condiciones para atraer inversiones, fortalecer la producción, generar empleo y mejorar los ingresos de las familias.
