La distribución de los impuestos nacionales podría cambiar la participación de los distintos niveles del Estado en los recursos públicos. El Gobierno propone incorporar a las nueve gobernaciones al reparto con una asignación inicial del 1% desde 2027, mientras Santa Cruz plantea comenzar con el 5% y elevarlo gradualmente hasta el 15%. La contrapropuesta también contempla aumentar del 20% al 28% la participación municipal y llevar la universitaria del 5% a entre el 6% y el 7%, lo que reduciría la cuota del nivel central del 75% actual a entre el 50% y el 51%, según el esquema presentado por el gobernador Juan Pablo Velasco.
Gobernaciones y municipios ampliarían su participación
La propuesta de Santa Cruz plantea que las nueve gobernaciones reciban conjuntamente el 15% de la recaudación de los impuestos sujetos a coparticipación. Para alcanzar esa meta, el gobernador Juan Pablo Velasco propuso comenzar con el 5% en 2027 e incrementar gradualmente el porcentaje durante los siguientes cinco años. “La propuesta en el largo plazo es 15% para gobernaciones”, afirmó.
El planteamiento también eleva del 20% al 28% la participación de los municipios y de las autonomías indígenas, según la referencia a la cuota municipal en la propuesta difundida por El Deber, y aumenta del 5% a entre el 6% y el 7% los recursos destinados a las universidades públicas. Sin embargo, Velasco no precisó qué asignación correspondería específicamente a las autonomías indígenas, que actualmente comparten el 20% con los municipios.
Con esos porcentajes, la participación del nivel central pasaría del 75% actual a entre el 50% y el 51%, dependiendo de la asignación universitaria y de cómo se resuelva la distribución pendiente. Se trata de una contrapropuesta, no de un reparto aprobado.
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El Gobierno plantea comenzar con el 1%
El Ejecutivo propone incorporar a las nueve gobernaciones a la coparticipación tributaria con una asignación conjunta del 1% desde 2027. El director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema, informó el 3 de noviembre que el proyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales fue remitido a las administraciones departamentales para recibir observaciones. La asignación representaría alrededor de Bs 560 millones para el conjunto de las gobernaciones, según el SEA.
El acuerdo presentado por el Gobierno establece que ese nuevo porcentaje no afectaría las participaciones que actualmente reciben los municipios, las autonomías indígenas y las universidades públicas. La propuesta abrió diferencias entre los gobernadores: Luis Revilla, de La Paz, respaldó el 1% como un primer paso, mientras Juan Pablo Velasco cuestionó su suficiencia y rechazó que se presente como un acuerdo definitivo.
Uno de los puntos de desacuerdo está relacionado con las condiciones para acceder a esos recursos, particularmente su vinculación con obligaciones de salud. Velasco y otras autoridades departamentales cuestionaron que la asignación esté condicionada a compromisos presupuestarios que consideran parte de las responsabilidades de las gobernaciones.
¿Cómo se distribuyen actualmente los impuestos?
La coparticipación tributaria es el mecanismo mediante el cual una parte de la recaudación de determinados impuestos nacionales se transfiere a otras entidades públicas para financiar sus competencias. Entre los tributos comprendidos están el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y el Gravamen Arancelario (GA).
La normativa vigente asigna el 20% de los recursos sujetos a este mecanismo a los municipios y las autonomías indígena originario campesinas, mientras que las universidades públicas reciben el 5%. El 75% restante corresponde al nivel central del Estado. La distribución de los recursos municipales e indígenas considera criterios poblacionales, de acuerdo con el último censo.
Qué financiarían los nuevos recursos y de dónde saldrían
Para sustentar una mayor participación departamental, Velasco señaló que el Ejecutivo podría revisar partidas vinculadas a la subvención de combustibles y al gasto de empresas públicas deficitarias. Sin embargo, no presentó una cuantificación de los posibles ahorros ni cuánto representarían frente a los recursos que dejaría de administrar el nivel central.
En Santa Cruz, el gobernador mencionó obras de agua, caminos, una nueva maternidad y un hospital oncológico entre las prioridades que podrían atenderse con mayores ingresos. El monto disponible dependería del porcentaje finalmente aprobado, de la fórmula de distribución entre las nueve gobernaciones y de las obligaciones presupuestarias de cada administración. Los departamentos también cuentan con otras fuentes de financiamiento, como las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La discusión se desarrolla en el marco de la Agenda 50/50, que busca revisar la distribución de recursos y las competencias de los gobiernos autónomos. Entre los compromisos acordados por el Ejecutivo y las gobernaciones figura la elaboración de una ley especial de coparticipación y la modificación de la Ley 154 para ampliar las posibilidades de generación de ingresos propios departamentales.
La definición de los porcentajes, los criterios de distribución y las obligaciones que acompañarán las transferencias determinará cuánto dinero llegará efectivamente a cada departamento. Por ahora, tanto el 1% del Ejecutivo como el 15% planteado por Santa Cruz forman parte de una negociación que todavía debe avanzar hacia su tratamiento legislativo.
