El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que establece un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y uno agregado de Bs 411.244 millones. El documento define las prioridades de gasto público para la próxima gestión y plantea sus previsiones en un escenario de contracción económica, inflación y reducción del déficit fiscal.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó en conferencia de prensa que el proyecto proyecta una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5%, una inflación del 10,7% y un déficit fiscal equivalente al 6,7% del PIB. El Ejecutivo atribuyó el escenario de contracción, entre otros factores, al impacto de los 53 días de bloqueos registrados durante este año.
El presupuesto también toma como referencia un precio del petróleo WTI de $us 68,87 por barril y un tipo de cambio estimado de Bs 12 por dólar. En cuanto a los ingresos, el Ministerio de Economía señaló que se prevé un incremento aproximado del 5%, asociado a mayores recursos de YPFB por la comercialización de combustibles, la aplicación del nuevo tipo de cambio y el aumento de las transferencias a las entidades territoriales autónomas.
Inversión pública y sectores estratégicos
Entre las principales asignaciones, el proyecto contempla más de Bs 17.000 millones para inversión pública, frente a una ejecución estimada superior a Bs 11.000 millones al cierre de 2026. Según la explicación del Ministerio de Economía, los recursos estarán dirigidos a infraestructura y actividades productivas, con énfasis en los sectores agropecuario, energético, hidrocarburífero, industrial y minero.
En cuanto a los servicios esenciales, las asignaciones conjuntas para educación, salud, defensa y Policía superan los Bs 45.000 millones. Dentro de ese conjunto, el Sistema Único de Salud (SUS) cuenta con una previsión superior a Bs 5.400 millones.
El presupuesto también contempla recursos para las universidades públicas, que recibirán Bs 5.008 millones, según el desglose difundido durante la presentación del proyecto.
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Protección social y transferencias a las regiones
Las políticas de protección social superan los Bs 14.000 millones. Esta asignación comprende programas como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, la Renta Dignidad, el Subsidio Prenatal Universal, el bono de Discapacidad y el PEPE II, además de recursos destinados al Sistema Único de Salud.
A estas partidas se suman más de Bs 10.000 millones para el pago de pensiones, de acuerdo con lo informado por Morales.
En el caso de las entidades territoriales autónomas, las gobernaciones recibirán aproximadamente Bs 7.000 millones, lo que representa un incremento del 62% respecto al presupuesto de 2026. Los municipios y las autonomías indígena originario campesinas contarán con alrededor de Bs 14.000 millones, un 9% más, mientras que las universidades públicas registran un aumento del 5% en sus recursos.
El incremento de las asignaciones a las gobernaciones está relacionado principalmente con la nueva liquidación de regalías en dólares, según la información difundida sobre el proyecto.
La meta fiscal para 2027
La estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas constituyen uno de los tres ejes del PGE 2027. Los otros dos son el fomento de la inversión pública y la protección social focalizada.
Morales explicó que el Gobierno pretende reducir el déficit mediante una administración más eficiente de los recursos y una mejora en la calidad del gasto público. La meta para 2027 es un déficit del 6,7% del PIB, por debajo del 9,2% establecido en el presupuesto reformulado de 2026.
El ministro también señaló que el Ejecutivo busca evitar que el gasto público se financie mediante créditos del Banco Central de Bolivia. El cumplimiento de la meta fiscal dependerá de la evolución de los ingresos, la ejecución presupuestaria y la capacidad del Estado para contener sus gastos.
La subvención a los combustibles, entre las partidas previstas
Otro componente del presupuesto es la subvención a los combustibles. El proyecto contempla aproximadamente Bs 11.000 millones para mantener este beneficio, incluidos recursos para la gasolina y el Gas Natural Vehicular (GNV), según confirmó el ministro de Economía.
Esta previsión debe analizarse junto con los compromisos asumidos por Bolivia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del programa de financiamiento por cerca de $us 1.900 millones. El memorando de políticas económicas y financieras presentado al organismo establece que, desde enero de 2027, los precios internos de los combustibles deberán alcanzar niveles de recuperación de costos y que el presupuesto no debería incluir partidas para subvencionarlos.
Durante la presentación del PGE, Morales no precisó cómo se compatibilizará la asignación de Bs 11.000 millones con ese compromiso ni si se prevén modificaciones en el calendario de eliminación de las subvenciones.
Un presupuesto elaborado en un escenario de contracción
Las proyecciones del PGE se conocen después de un primer semestre marcado por dificultades para la actividad económica. Un análisis del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), publicado en septiembre con datos a agosto de 2026, estimó una caída del PIB real del 3,34% durante los primeros seis meses del año. El estudio identificó los bloqueos de mayo y junio entre los factores que afectaron el desempeño económico.
Esta estimación corresponde al comportamiento de la economía durante el primer semestre de 2026 y es distinta de la proyección oficial de contracción del 1,5% para 2027. Sin embargo, ofrece una referencia del contexto en el que el Ejecutivo elaboró el nuevo presupuesto.
Por otra parte, el proyecto no incorpora el modelo de redistribución de recursos 50-50 entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Morales explicó que el documento fue elaborado bajo las normas y criterios vigentes, mientras continúa el proceso de construcción de esa propuesta. Añadió que eventuales acuerdos y modificaciones normativas podrían considerarse posteriormente.
El proyecto de ley deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante ese proceso se analizarán las asignaciones, las fuentes de ingresos y las metas fiscales previstas para 2027.
