El Gobierno recomendó cerrar alrededor de 20 de las 67 empresas públicas del país, luego de identificar que atraviesan una situación crítica y que algunas ya no cuentan con condiciones para continuar operando. La decisión forma parte de un proceso de evaluación impulsado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
El director de esa entidad, Pablo Camacho, informó que la recomendación representa aproximadamente el 30% del total de las empresas estatales. En declaraciones a Red Uno, explicó que el diagnóstico busca identificar a las compañías que requieren una intervención para evitar que continúen comprometiendo recursos públicos.
“Más o menos son 20 empresas de las 67 que deberían cerrarse. Esa es la recomendación que se ha hecho, es un 30%”, señaló Camacho.
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Los ministerios definirán el futuro de las empresas
El funcionario precisó que el Gobierno notificó a los siete ministerios que tienen empresas públicas bajo su tuición. A partir de ese diagnóstico, cada cartera deberá determinar si acepta las recomendaciones y avanza con una intervención o si decide apartarse de las conclusiones de la evaluación.
“Los ministros tienen la posibilidad de apartarse y rechazar el diagnóstico o ir a una intervención, salvaguardando los recursos estatales”, sostuvo el director de la OFEP.
Camacho indicó que el análisis identificó entidades en estado crítico que requieren medidas inmediatas. Como parte de ese escenario, mencionó que algunas empresas ya redujeron personal debido a que mantenían plantas industriales sin funcionamiento.
Menos recursos estatales para las empresas públicas
El proceso de ajuste también contempla una reducción de las transferencias del Estado. Según Camacho, durante esta gestión se disminuyeron en Bs 3.800 millones los recursos destinados a las empresas públicas, como parte de las medidas orientadas a reducir la carga que representan para las finanzas estatales.
El director de la OFEP señaló que la administración de Rodrigo Paz desarrolla esta reorganización sobre la base de un marco normativo que comenzó con la Ley del Presupuesto Reformulado y continuó con la aprobación de un decreto supremo.
Aunque reconoció que los procedimientos legales pueden ser burocráticos, afirmó que el Ejecutivo trabaja en una normativa que permita agilizar las decisiones y facilitar las intervenciones, con el objetivo de resguardar los recursos públicos.
