Esta crisis moral esconde algo más que un simple descaro público. Lo primero que deberíamos fijar como una base que sirva de radiografía de esta profunda crisis de valores y principios en el ejercicio de cargos público y de poder, es que una crisis moral es mucho más que una degradación de las buenas costumbres - la decencia, el decoro, la dignidad, la educación cívica y el pudor -. Es el completo extravío de los criterios compartidos que permiten distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto y el interés general del particular. Es reventar el bien común, por el bien personalísimo en desmedro de la sociedad.
Cuando en una sociedad se deja de compartir ese mínimo minimorum de una ética en común, los vínculos de confianza se debilitan, disminuye el sentido del deber y el poder tiende a sustituir al servicio como finalidad de la política pública.
Las consecuencias de este teatro del terror son profundas. La verdad se relativiza, la mentira deja de escandalizar por su normalización social, la corrupción se banaliza, las instituciones se convierten en instrumentos de enriquecimiento y la ley corre el riesgo de ser percibida no como una garantía de justicia, sino como una herramienta al servicio de quienes gobiernan y detentan el poder.
Ser ético en estos tiempos es sinónimo de imbecilidad e ingenuidad. El ladrón tiene ahora mayor reconocimiento y más aún, si es hábil y maniobrero. La gente le celebra su audacia y lo encumbra en una especie de ídolo barrial. La familia, la educación, la economía y la convivencia cívica acaban sufriendo los efectos de esta erosión. Y, de hecho, en una sociedad así es cada vez más difícil cooperar colectivamente, confiar en alguien, en asumir sacrificios compartidos o en sostener un proyecto comunitario o vecinal.
El politólogo Theodore Lowi (El Presidente Personal, Editorial Fondo de Cultura Económica) define muy bien al escándalo y lo señala como una "corrupción revelada", no sólo por su “aparición pública” gracias a una denuncia o una investigación; sino también, por su aparición para sorpresa de todos. Por eso, en tiempos pasados, las corruptelas siempre llevaban la amenaza implícita de que esa revelación de la mala conducta provocaría una reacción pública y que a su vez generaría algún tipo de castigo ejemplar. Pero ahora el vínculo entre revelación y reacción se ha roto. Ya no existe.
Esta reacción de rechazo en cadena era – usualmente - una de las formas en que se aplicaban normas y reglas en las democracias. Así se debía actuar y así se debía respetar las normas. Si el poder del escándalo desaparece, nos queda un círculo vicioso en el que las irregularidades morales o legales ya no conllevan sanciones ejemplificadoras, lo que socava la confianza en el gobierno y las instituciones públicas, lo que a su vez amplía la polarización y permite más corrupción, abusos y violaciones de la ley. Este ciclo es difícil de romper y destruye el valor de rendir cuentas públicas.
Quizás el epítome de una presidencia profundamente corrupta es la de Donald Trump, la misma que ha eclipsado incluso a varios autócratas y mafiosos del este de Europa, y que para muchas universidades, será un caso de estudio de ciencias políticas, de historia social y de neuro psicopatía.
El serio problema, es que no es solamente este individuo desajenado, sino que se trata de un fenómeno global. Tenemos a un Pedro Sánchez en España con una retahíla de actos de corrupción sin que tenga un solo rasguño a sus ambiciones de poder; a un José Luis Zapatero que recibió millones de euros de dictadores como Chavez, los Castro, Maduro y sigue campante por las calles.
El otro hallazgo que es muy preocupante es que por lo menos se espera que las noticias sobre irregularidades escandalosas provoquen algún tipo de indignación entre los votantes. No es así. El MAS es un claro ejemplo de estas corruptelas brutales y que, pese a esos antecedentes, llegó a la presidencia el masista Arce Catacora que terminó siendo un ladronzuelo de siete suelas juntos a sus hijos. Ni qué decir de Johnny Fernández cuya gestión edilicia – históricamente -fue un mar de corrupción.
La razón por la que los políticos se aferran a sus cargos en lugar de dimitir es que, cada vez más, la polarización de alguna manera los apaña. Las personas sienten ciertas “calidez” social hacia los miembros de su propio bando, pero una hostilidad intensa hacia sus oponentes. Y esto se traduce en salvavidas para estos políticos corruptos.
Esta polarización, según los expertos, está derruyendo el poder del escándalo. Hoy en día, los votantes son menos propensos a indignarse por lo que hacen los políticos de su propio bando, y menos propensos a abandonarlos si hacerlo pudiera dar ventaja a sus enemigos. Sin la amenaza de una reacción negativa de los votantes, las élites políticas tienen muy poco incentivo para forzar dimisiones, destituciones u otras consecuencias.
En este pasillo de la infamia desfilan Marie Le Penn en Francia, Nigel Farrel en Inglaterra, Bukele en El Salvador, Ortega en Nicaragua, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales y su recua de ladrones y la más grande truhana de Latinoamérica Delcy Rodriguez junto a Diosdado Cabello. Todos ellos se escudan en una "caza de brujas" y en una persecución conspirativa en contra de ellos y sus seguidores.
Cuando un país está profundamente dividido, es mucho más fácil para los votantes perdonar las transgresiones de “sus políticos” y defenderlos de sus mañas. Ojalá que la criticidad y el castigo sociales se impongan en estos tiempos de tanta oscuridad y podredumbre.
























