La intervención a YPFB en Santa Cruz presentó su primer informe con avances en tres frentes: la atención de la emergencia por el abastecimiento de combustibles, la búsqueda de cambios estructurales en la empresa estatal y la identificación de posibles redes dedicadas al desvío de carburantes subvencionados.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el plan de abastecimiento implementado permitió cubrir el requerimiento diario de combustible en Santa Cruz, estimado en tres millones de litros, y reducir las filas en las estaciones de servicio.
Según explicó, la comisión considera que la situación del abastecimiento también está relacionada con el costo de la subvención a los carburantes y sus efectos sobre el contrabando. En ese contexto, destacó la aprobación del Decreto Supremo 5701, que habilita a las refinerías a importar crudo para procesarlo en Bolivia.
Detectan irregularidades en la asignación
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que durante la intervención se identificaron diferentes mecanismos que habrían permitido alterar la asignación y el control de los combustibles.
Entre los hallazgos mencionó ventas y facturaciones anticipadas de millones de litros que todavía no habían ingresado al territorio nacional, asignaciones de combustible sin parámetros objetivos, modificaciones posteriores en las tablas de control y diferencias entre los volúmenes programados, despachados y facturados.
También se detectó la participación de usuarios externos en los sistemas de asignación de despachos, con accesos que, según la comisión, habrían favorecido a determinados compradores y proveedores. García señaló además que los sistemas no contaban con alertas suficientes para detectar estas inconsistencias.
“Lo que es más grave, se efectuaban estas modificaciones de forma posterior, es decir, de forma retroactiva, y esto con la finalidad de favorecer a contrabandistas, con la finalidad de desviar el combustible”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
La comisión informó que más de 300 usuarios identificados por su interacción irregular con los sistemas ya fueron dados de baja. García aclaró que todavía se debe determinar cuántos funcionarios o exfuncionarios estuvieron involucrados y quiénes permitieron que estos accesos continuaran.
Recibe las noticias más relevantes por WhatsApp
Revisan gasto de Bs 470 millones en tecnología
Como parte de las acciones, la comisión intervino el denominado “búnker digital” de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio, en el centro de La Paz, donde recopiló información sobre las inversiones realizadas en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años.
García señaló que YPFB destinó más de Bs 470 millones a este tipo de infraestructura, pero cuestionó que ese gasto no se haya traducido, según la evaluación de la comisión, en un sistema que permita realizar una trazabilidad integral del combustible.
“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar bunkers digitales, sin embargo, no se ha elaborado un sistema informático y digital que permita la trazabilidad de la información”, sostuvo García.
La revisión también alcanzará a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), con el objetivo de identificar a las personas que habrían mantenido habilitados accesos de usuarios anteriores en sistemas considerados vulnerables.
Comisión anuncia acciones legales
García informó que las irregularidades identificadas serán abordadas en dos niveles. El primero contempla acciones contra usuarios, operadores, funcionarios y despachantes que hayan participado en las operaciones observadas, mientras que el segundo busca establecer responsabilidades por las condiciones que permitieron que estas prácticas continuaran.
La comisión también inició una revisión de otros gastos realizados por YPFB, entre ellos los relacionados con la denominada casa ejecutiva de la empresa estatal, que García describió como una construcción de características suntuarias. El viceministro señaló que estas investigaciones tendrán alcance jurídico y procesal.
Zamora, por su parte, afirmó que la comisión continuará con la supervisión de YPFB y que el trabajo no se limitará a resolver la emergencia de abastecimiento, sino que buscará cambios en la estructura de la empresa y acciones contra quienes desvíen combustible destinado al mercado interno.
El ministro sostuvo que la comisión continuará vigilando la provisión de carburantes, mientras avanza en las medidas orientadas a modificar el esquema de abastecimiento y combatir las irregularidades detectadas durante la intervención.
