La búsqueda de inversiones privadas volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno. Durante su visita a España, el presidente Rodrigo Paz presentó ante empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) las reformas que impulsa su administración y anunció que espera concretar hasta fin de 2026 las nuevas leyes de inversión, minería e hidrocarburos.
El planteamiento busca establecer condiciones para ampliar la participación privada en la economía, pero el desafío no se limita a presentar proyectos normativos. Las empresas también observan la estabilidad de las reglas, el cumplimiento de los contratos y los mecanismos disponibles para resolver controversias antes de comprometer recursos en proyectos de largo plazo.
Paz sostuvo que su Gobierno busca un esquema en el que el sector empresarial tenga un papel central en la actividad productiva y el Estado actúe como facilitador. En su presentación ante el CEAPI, también mencionó la intención de movilizar más de $us 12.000 millones en el sector minero durante 2027. Se trata de una meta anunciada por el Ejecutivo, no de inversiones que ya estén comprometidas.
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Dos propuestas sobre la mesa
La discusión sobre el marco de inversiones tiene antecedentes. En agosto de 2026, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Ejecutivo había enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones compuesto por 103 artículos. La iniciativa buscaba establecer condiciones para dar estabilidad y seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.
Sin embargo, el primer proyecto fue observado y devuelto durante su trámite legislativo. El 1 de noviembre, El Deber informó que la Asamblea había cerrado su primer año sin aprobar las leyes estructurales anunciadas por el Gobierno y que el Ejecutivo preparaba una nueva versión con participación empresarial.
En paralelo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) impulsó su propia propuesta. Su presidente, Jean Pierre Antelo, explicó en octubre que la entidad buscaba una norma que funcionara como marco general para las futuras leyes de hidrocarburos, minería y energía.
Según un reporte de El País del 23 de octubre, el proyecto empresarial contempla 30 artículos e incluye un régimen de incentivos para grandes inversiones, beneficios tributarios, flexibilidad laboral, garantías para los inversionistas, mecanismos de arbitraje y el restablecimiento de zonas francas industriales.
Las propuestas no son equivalentes. Mientras el proyecto gubernamental fue presentado como un marco para ordenar y dar previsibilidad a las inversiones, Cainco plantea medidas específicas para incentivar la llegada de capitales y ampliar las garantías para las empresas.
La seguridad jurídica, una demanda empresarial
Durante la gira oficial por España, Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, pidió que la agenda de acercamiento con inversionistas internacionales se traduzca en proyectos concretos. En una entrevista con El Deber, publicada el 5 de noviembre, sostuvo que Bolivia necesita recuperar la seguridad jurídica, fortalecer sus instituciones y garantizar estabilidad en los contratos.
«Se necesita seguridad jurídica. Seguridad jurídica significa darle institucionalidad al país, institucionalidad al sistema judicial, institucionalidad a los contratos que se firmen», manifestó.
El dirigente identificó oportunidades en agroindustria, minería, litio, exportación de alimentos y servicios. No obstante, advirtió que el interés de potenciales socios extranjeros debe pasar de las reuniones y conversaciones a compromisos efectivos de inversión.
El debate también tiene límites jurídicos. El análisis publicado por El País sobre la propuesta de Cainco señala que algunas de las garantías reclamadas por el sector privado, particularmente en materia de arbitraje y jurisdicción, se relacionan con disposiciones de la Constitución Política del Estado. Por tanto, una ley ordinaria no podría modificar por sí sola esos alcances.
El calendario anunciado por el Ejecutivo sitúa el cierre de las nuevas normas hasta diciembre. Su aprobación y contenido serán determinantes para conocer qué condiciones se ofrecerán a los inversionistas y cuáles serán los mecanismos de aplicación.
Para las empresas, el resultado no dependerá únicamente de los incentivos que incluya una ley. La previsibilidad normativa, la seguridad de los contratos y la capacidad institucional para cumplir las reglas también forman parte de las decisiones que definen si una oportunidad termina convirtiéndose en inversión.
