La reactivación económica es urgente, por lo que el Gobierno debe enfocarse en resolver el problema energético, aliviar la presión financiera sobre las empresas, asegurar la transitabilidad y generar condiciones que incentiven la inversión privada y extranjera, según expertos que ven que estas acciones requieren también de reformas estructurales de mediano y largo plazo.
“La economía boliviana está en terapia intensiva, recibiendo suero y vitaminas para que se recuperen los órganos y el cuerpo, para analizar si va a ser posible después hacer una cirugía muy delicada y de alta precisión”, resume Germán Molina, miembro de número de la Academia de Ciencias Económicas.
Bolivia atraviesa por una etapa de transición compleja. Persisten problemas estructurales como el declive de la producción de gas natural, la escasez de divisas, la mayor dependencia de las importaciones de combustibles, la baja inversión privada y el elevado déficit fiscal que se arrastra ya por 12 años.
En respuesta, el Gobierno de Rodrigo Paz ha impulsado medidas de estabilización, entre ellas el levantamiento parcial de la subvención a los combustibles y la flexibilización cambiaria, acciones que no son suficientes para una recuperación sostenida, la cual implica avances paralelos en varios frentes.
Para el Centro Boliviano de Economía (Cebec), dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), las medidas de reactivación deben organizarse en tres etapas simultáneas.
La primera, de acción inmediata, consiste en el restablecimiento de la libre circulación de bienes en corredores productivos estratégicos; el destrabe de la carga acumulada en aduanas, puertos y fronteras; y el abastecimiento suficiente y transparente de combustible para el transporte y la producción. “Sin estas condiciones operativas, cualquier medida financiera llega demasiado tarde o no puede ejecutarse”, sostiene el Cebec. La segunda etapa, de corto plazo, apunta a aliviar la asfixia financiera de las empresas a través del diferimiento temporal de obligaciones tributarias sin multas para quienes acrediten afectación –postergar, no condonar–, y de la reprogramación de créditos para evitar que empresas viables sean clasificadas como morosas.
Retos. Los grandes desafíos de la economía apuntan a resolver el declive de la producción de gas natural, la escasez de divisas, la baja inversión privada y el elevado déficit fiscal por más de 10 años.
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La tercera fase, estructural, exige avanzar con urgencia en un marco normativo que dé certidumbre a la inversión privada. “Sin estas reformas, las medidas de emergencia serían solo un puente hacia el mismo punto de partida, no hacia un nivel superior de actividad económica”, apunta el centro de estudios.
Beatriz Muriel, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), propone para el corto plazo el alineamiento de todas las medidas públicas y de la cooperación hacia un desarrollo productivo focalizado principalmente en el mercado internacional y también en sectores intensivos en empleo. “En este proceso urge avanzar con estrategias que permitan una seguridad energética, promoviendo la inversión extranjera directa”, sostiene.
Sin estas y otras medidas, además de la tasa negativa de crecimiento para la economía, este 2026 “la tasa de inflación y el déficit fiscal serán de dos ≈dígitos, el desempleo urbano aumentará y las nuevas inversiones difícilmente se van a poder realizar”, concluye Molina.
Para revertir el actual escenario económico, agravado por el último bloqueo de caminos, el Gobierno estableció un régimen extraordinario para la condonación y regularización del pago de impuestos; “sinceró” el tipo de cambio; redujo en 5% los aranceles de importación, para mitigar el impacto del dólar flexible; aprobó la reprogramación de créditos; y declaró el estado de excepción, para garantizar la libre transitabilidad, al menos por 90 días.
“Estamos en una situación bastante complicada, pero se puede resolver en el corto plazo (…). Hay algunas medidas de alivio, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué más se debe hacer?”, cuestiona Molina.
Este medio solicitó al Ministerio de Economía información sobre el plan de reactivación que aplica en el corto plazo, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Molina considera que se deben activar medidas específicas para cada agente económico. Para las familias de bajos ingresos –por ejemplo– ampliar la mora para el pago de servicios básicos; y para el sector empresarial, garantizarles una libre transitabilidad permanente, seguridad jurídica, combustibles, y una reprogramación y refinanciamiento crediticios.
“Todo esto se debe complementar con medidas de corto o mediano plazo, como leyes de hidrocarburos, minería y agropecuaria, además de una ley exclusiva de incentivo a la inversión de empresas extranjeras y empresas nacionales que tengan sociedad con empresas internacionales. Pueden, como sucede en otros países, no pagar impuestos de ningún tipo por 10 años. (…). Eso traerá nuevas tecnologías y creará fuentes de empleo”, plantea.
El Cebec coincide con esta apreciación. Las medidas implementadas hasta el momento son necesarias, pero “no resuelven por sí solas los desequilibrios estructurales”.
La institución explica que el tipo de cambio flexible aporta un beneficio concreto e inmediato: empresas y personas tienen una única referencia oficial –el Tipo de Cambio Oficial (TCO) publicado por el BCB— para sus transacciones en dólares, lo que elimina la distorsión de operar con múltiples precios paralelos, una situación que prevalecía desde 2023. “El riesgo principal aparece si se interviene demasiado para frenar el alza del dólar: utilizar las reservas internacionales para sostener el tipo de cambio oficial aceleraría su agotamiento y haría resurgir los mercados paralelos, lo que derivaría en un ajuste brusco y más costoso en 2027”, indica el Cebec.
“El sinceramiento del tipo de cambio permite sanear las cuentas externas, evitando las ganancias de arbitraje. Esto puede promover también el aumento de las exportaciones, una vez que la competitividad vía precios aumenta. Sin embargo, el BCB debe determinar cuál será la nueva ancla nominal, para hacer que los precios sean más estables y las expectativas de inflación menores”, manifiesta a su vez Muriel.
Sobre la reducción parcial del subsidio a los combustibles, el Cebec observa que ese es también un paso en la dirección correcta para las finanzas públicas, ya que implica un menor costo para el Estado en comparación con años anteriores. “Sin embargo, el hecho de que los precios de la gasolina y el diésel no se ajustaron en junio como estaba previsto –sumado a que el precio internacional del petróleo rondó los $us 100 por barril el primer semestre– hace que las ganancias fiscales de esta medida sean menores a las esperadas inicialmente. Eso mantiene presiones significativas sobre el cierre de 2026 con un déficit fiscal profundo, comprometiendo el ajuste estructural que Bolivia necesita con urgencia”.
La disminución parcial de la subvención representa un alivio para el déficit fiscal, pero está sujeta a los precios internacionales del petróleo; “y dado el aumento de esta materia prima, el ahorro será menor a lo esperado”, coincide Muriel.
“La libre importación (de carburantes) no es suficiente. Eso no se va a hacer eso en 24 horas o un mes; tomará más tiempo. Hasta que se incorporen nuevos proveedores del sector privado, YPFB tiene nomás que seguir realizando los esfuerzos para que el suministro sea sostenible”, agrega Molina.
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) detallas las medidas que se deben reforzar: recuperar las reservas, facilitar el ingreso de dólares, atraer financiamiento externo, incentivar exportaciones, generar confianza en el sistema financiero, reducir el gasto corriente, priorizar la inversión pública, focalizar los subsidios, mejorar la recaudación, recuperar la inversión en hidrocarburos y mejorar el clima de inversión.
La Confederación Agropecuaria Nacional planteó también un fondo de reactivación, aprobar una ley antibloqueos, créditos para el sector productivo, abastecimiento oportuno de diésel y facilitar la conversión voluntaria de pequeña propiedad a mediana.
Estas propuestas se suman al Plan Nacional de Reactivación Económica y Empleo Post Bloqueos que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó a mediados de junio, orientada a fortalecer la productividad, impulsar el crecimiento económico, recuperar la inversión, proteger el empleo y promover las exportaciones, en un marco de seguridad jurídica y confianza para las empresas.
Principales riesgos para la reactivación
El Cebec identifica que, en el muy corto plazo, el riesgo más concreto e inmediato para la reactivación es el abastecimiento de combustible. “La libre transitabilidad garantizada por el Estado de Excepción es la base de todo, pero sus beneficios se reducen de forma significativa si el transporte de carga y pasajeros no cuenta con diésel y gasolina suficientes para retomar niveles normales de actividad”.
A mediano y largo plazo, “el riesgo más profundo” es la ausencia de reglas de juego claras para la actividad productiva y la inversión privada. Cualquier medida de emergencia tiene un horizonte de efecto limitado; sin un marco normativo que dé certidumbre, las empresas no invierten, no contratan y no expanden su actividad. Bolivia necesita avanzar con urgencia en las leyes de inversión, hidrocarburos, energía y minería. Sin estos pilares normativos, las medidas de corto plazo serían solo parches temporales que no alcanzan para encaminar al país hacia su nivel de crecimiento potencial”, concluye el Cebec.
Muriel también lanza una alerta. “Las medidas de reactivación económica todavía son tímidas; habiendo sido más activas aquellas macroeconómicas. En este sentido urge la independencia del Banco Central de Bolivia, para evitar que el Gobierno central lo utilice como su banco de créditos”, afirma.
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