El contrabando en Bolivia enfrenta una contradicción que trasciende los controles aduaneros: aunque la mayoría de los ciudadanos reconoce sus efectos negativos y siete de cada diez encuestados admiten que comprar estos productos es ilegal, el 67% afirma que los adquiere a sabiendas. Además, el 90% señala que el precio más bajo es la principal razón para hacerlo, según un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La consulta, realizada entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026, reunió cerca de 1.100 respuestas y forma parte de un estudio sobre contrabando y falsificación que la institución prevé presentar en noviembre. Los resultados evidencian una percepción extendida sobre la magnitud del problema, pero también una distancia entre el reconocimiento de sus consecuencias y las decisiones de compra.
“Que un 93% diga que la informalidad y el contrabando constituyen un problema estructural grave; que el 83% reconozca que esto perjudica a Bolivia y, sensiblemente, un 67% compre de contrabando a sabiendas, es grave”, afirmó Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, durante la presentación de los resultados.
Ropa, alimentos y electrónicos, entre los productos más señalados
La percepción ciudadana apunta a una presencia creciente de mercancías de contrabando en los espacios de comercialización. El 91% de los participantes considera que su circulación en mercados y ferias del país ha aumentado.
Entre las categorías de productos más asociadas a esta actividad destacan la ropa, las confecciones y el calzado, mencionados por el 69% de los encuestados. Les siguen los alimentos y abarrotes, con el 65%; los electrodomésticos, celulares y productos electrónicos, con el 56%; y los detergentes y artículos de limpieza, con el 55%.
Las bebidas aparecen con el 49%, mientras que los medicamentos e insumos de salud alcanzan el 35%. Los muebles para el hogar y la oficina registran el 18%.
La diversidad de productos señalados amplía el alcance económico del problema. De acuerdo con el IBCE, el ingreso y la comercialización ilegal de mercancías perjudican a productores, importadores y comerciantes que operan dentro de la legalidad, al tiempo que generan condiciones de competencia desleal.
Rodríguez advirtió, además, que el riesgo no se limita a las consecuencias comerciales y tributarias. En el caso de alimentos, medicamentos, bebidas, cosméticos, detergentes, repuestos automotrices y productos eléctricos, la procedencia y calidad de las mercancías pueden comprometer la salud y la seguridad de los consumidores.
El precio, principal argumento para comprar
El sondeo muestra que el menor precio es un factor determinante para la adquisición de productos de contrabando. El 90% de los encuestados señala esta razón, mientras que el 67% reconoce que compra estas mercancías a sabiendas.
Entre quienes admiten hacerlo, el 49% indica que compra contrabando rara vez, mientras que el 39% lo hace ocasionalmente y el 12%, frecuentemente.
Recibe las noticias más relevantes por WhatsApp
Los resultados sugieren que el reconocimiento de la ilegalidad no necesariamente se traduce en un cambio de comportamiento. Para el IBCE, esta brecha plantea un desafío que involucra tanto las acciones de control del Estado como la responsabilidad de los consumidores.
“Tenemos un problema no solo de interdicción o de control por parte del Estado, sino también de educación para la sociedad”, sostuvo Rodríguez en la conferencia de prensa. A su juicio, la tolerancia hacia estas prácticas contribuye a normalizar la evasión tributaria.
El ejecutivo también cuestionó la idea de presentar el contrabando como una fuente legítima de empleo e ingresos. Según su planteamiento, esa visión deja de lado los efectos sobre las empresas formales, la inversión, la innovación y la generación de puestos de trabajo sujetos a la legalidad.
Menos impuestos y presión sobre las empresas formales
El 83% de los participantes está de acuerdo con que el contrabando perjudica al país, daña a las empresas formales y provoca pérdidas de empleo. El mismo porcentaje respalda la afirmación de que la evasión de impuestos reduce los recursos estatales destinados a salud, educación y proyectos públicos.
En paralelo, el 93% considera que la informalidad y el contrabando representan un problema estructural grave, mientras que el 40% califica el nivel de contrabando como alto y el 53% lo considera descontrolado.
Para el IBCE, estos resultados reflejan una problemática que afecta a distintos eslabones de la economía: desde las empresas que importan o producen legalmente hasta el Estado, que deja de percibir tributos, y los trabajadores, expuestos a la pérdida de empleos formales.
Rodríguez sostuvo que el comercio ilícito desalienta la inversión y castiga la innovación, debido a que las empresas que cumplen con sus obligaciones deben competir con mercancías que ingresan o se comercializan al margen de las normas.
El desafío de cambiar los incentivos de consumo
El sondeo también revela que el 88% de los encuestados no sabe si los productos que compra son de contrabando. Este dato introduce una segunda dimensión del problema: además de las compras reconocidas como deliberadas, existe un amplio margen de consumidores que afirma no identificar el origen de las mercancías.
La combinación de precios bajos, desconocimiento sobre la procedencia y aceptación de la ilegalidad dificulta la respuesta al contrabando. Por ello, el IBCE plantea la necesidad de equilibrar las responsabilidades entre las autoridades y los ciudadanos, con medidas de control y acciones de educación y concienciación.
La institución prevé presentar en noviembre un estudio más amplio sobre contrabando y falsificación de productos, que partirá de un diagnóstico de la situación y formulará propuestas de corto, mediano y largo plazo.
“El Estado debe garantizar la legalidad para que las empresas puedan arriesgar, invertir, innovar, comerciar y generar trabajos dignos, a partir de productos seguros; y, a los ciudadanos, nos toca asumir una actitud de compra responsable, de lo legal, con pleno respeto a la ley”, concluyó Rodríguez.
Los resultados dejan planteado un desafío para la política pública y el sector empresarial: combatir el ingreso y la comercialización ilegal de mercancías, pero también reducir los incentivos que llevan a los consumidores a privilegiar el precio por encima de la legalidad y, en determinados productos, de la seguridad.
