El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño afirmo hoy que el contrabando está socavando el Estado de derecho y minando la confianza en las instituciones democráticas porque fomenta la corrupción y facilita las prácticas ilícitas. “El combate al contrabando es un objetivo esencial cuyo resultado puede significar, para las empresas, la diferencia entre mantenerse vigente o colapsar”, señaló.
Ortuño hizo estas afirmaciones en el acto de inauguración del IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticorrupción (ALAC) que se realiza este martes 2 y miércoles 3 en Santa Cruz, y del que participan 150 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.
El máximo dirigente de los privados, afirmó además que “Para derrotar al contrabando no basta solamente el cumplimiento normativo, sino el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la promoción de la transparencia”.
Asimismo, planteó la necesidad de generar un modelo de colaboración estrecha entre las instancias públicas y privadas, porque considera que “este desafío no puede ser enfrentado de manera efectiva por un solo sector; se requiere voluntad política, acciones concretas, solidaridad y colaboración entre todos los niveles de la sociedad. Solamente cuando haya una conjunción plena de voluntades y acciones, podremos generar impactos reales y sostenibles”, concluyó.
Del IX Encuentro de la ALAC, que fue organizado conjuntamente por la CEPB y la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), han participado la Presidenta de la Aduana, Karina Serrudo Miranda y el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos Sanjinés, los Presidentes de varias Cámaras Nacionales y Federaciones Departamentales, y delegados de empresas y corporaciones internacionales, entre los que cuentan 24 Directores, 39 Gerentes y 15 Presidentes de diversas compañías de Latinoamérica.
La agenda del evento incluye conferencias, ponencias y paneles de expertos y autoridades gubernamentales, en los que se tratarán diversos temas como el contrabando y su relación con el crimen organizado, la regulación en el comercio digital, la facilitación del comercio internacional, contrabando transfronterizo, inteligencia artificia, y otros. Para mañana se prevé la realización de mesas técnicas en las que los asistentes analizarán los efectos del contrabando y las experiencias de protección, en industrias de textiles, confecciones y calzado; medicamentos, alimentos, insumos de protección y nutrición de cultivos; telecomunicaciones, llantas, acero y metalmecánica, cosméticos, cigarrillos y licores.
La ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de $us 210.000 millones, es decir el 2% del PIB regional. En Bolivia, un estudio de la CEPB estimó que, en 2017, este delito alcanzaba a $us 2.500 millones anuales, aunque investigaciones recientes indican que se ha incrementado por encima de los 3.000 millones.