Atraer inversión nacional y extranjera se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de Rodrigo Paz en un momento en el que a Bolivia le urgen las divisas y en el que necesita revertir años de bajo flujo de capital privado. El anteproyecto de ley de inversiones plantea una pregunta central: ¿basta una nueva norma para que el capital vuelva al país? y abre el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional.
Los datos muestran la magnitud del desafío. En 2025, Bolivia recibió apenas el 0,3% ($us 620 millones) de los $us 193.233 millones de inversión extranjera directa que captó América Latina y el Caribe ese año. Los antecedentes del Doing Business del Banco Mundial tampoco favorecen al país. Entre 2006 y 2020, Bolivia ocupó en promedio el puesto 149 entre 190 economías. Sus principales debilidades identificadas están en la apertura de empresas formales, el pago de impuestos, la protección de inversionistas minoritarios, el acceso a crédito y el cumplimiento de contratos.
Para revertir esta situación, el 11 de agosto pasado el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de inversiones, una norma con la que busca fortalecer la infraestructura económica y social, incorporar nuevas tecnologías, generar valor agregado y mejorar la competitividad de las empresas y sectores productivos nacionales.
El anteproyecto, de 103 artículos, propone alcanzar esos objetivos a través de una nueva agencia nacional de inversiones, una ventanilla única, plazos administrativos, un plan nacional de inversiones, incentivos tributarios inmediatos y otros vinculados a resultados, una eventual apertura al arbitraje internacional, alianzas público privadas, estabilidad contractual y delimitada, y salida garantizada de capitales y utilidades.
Para la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), esta norma representa una oportunidad para mejorar las condiciones de atracción de capital privado al país. Sin embargo, la institución empresarial considera también que la propuesta legal “requiere ajustes importantes para que Bolivia pueda competir efectivamente con otras economías de la región”.
Los entrevistados para esta nota coinciden en que la ley no basta para incentivar la inversión; es necesario también la construcción de un ecosistema de confianza y previsibilidad. Dentro de ese entorno se debe trabajar aspectos como la estabilidad macroeconómica (inflación, tipo de cambio, formalización, modernización laboral, etc), seguridad jurídica, energía confiable, instituciones fuertes e independientes que sean capaces de procesar conflictos, mecanismos de protección comparables con estándares internacionales, sostenibilidad ambiental, capital humano de calidad, acceso a mercados, infraestructura adecuada y estabilidad política.
El proyecto de ley “aborda demandas históricas del sector privado”, pero “su éxito real dependerá de resolver contradicciones constitucionales de fondo y mitigar la inestabilidad social y política del país”, resumió Alejandro Alpire, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.
“Bolivia necesita algo más ambicioso que una nueva ley de inversiones: necesita un pacto nacional por la inversión, la producción y el desarrollo. La ley sería el instrumento jurídico; el pacto, la garantía política; la sociedad, el respaldo institucional”, resumió el analista Gonzalo Chávez.
El proyecto de ley “no es suficiente si no se modifica la Constitución”; sin ello, “los inversionistas nacionales e internacionales que desean y pueden invertir en Bolivia, es decir, las empresas nacionales y empresas transnacionales, no tendrían incentivos ni seguridad para arriesgar su capital”, sostuvo el economista Germán Molina.
La necesidad de ajustes constitucionales para –entre otros– eliminar la prohibición del arbitraje internacional en hidrocarburos o para modificar las reglas sobre los recursos naturales, así como el tiempo que tomará el que una ley de estas características llegue a promulgarse, son algunos de los grandes retos que presenta la nueva norma. Es la posición del diputado José Luis Porcel, secretario de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, que será la instancia legislativa que dará inicio al tratamiento de la norma.
Solo el análisis pormenorizado de los 103 artículos –adelantó Pórcel– tomará al menos una semana. “Este proyecto es interesante, pero hay que ver si no es incompatible con la Constitución o si es necesario modificarla”, subrayó el legislador (Libre), quien además considera que la norma “tiene un alto grado de idealismo”.
Tras esta primera etapa seguirá la conformación de mesas de trabajo y el proceso de socialización con organizaciones sociales, comités cívicos y federaciones de profesionales, entre otros, anticipó el diputado, quien no se animó a calcular el tiempo que tomará el tratamiento de esta norma en el Legislativo.
Cainco considera también imprescindible que el proceso incorpore un diálogo institucional efectivo con el sector empresarial, “tanto para perfeccionar el proyecto como para diseñar y aplicar políticas que realmente promuevan la inversión nacional y extranjera”.
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Una eventual apertura de la Constitución daría inicio a un proceso más complejo. Se necesitará, primero, la identificación de los artículos a modificar y una aprobación de dos tercios en el Legislativo, lo que requerirá de un amplio consenso político nacional. Después de ello, “se tiene que ir a un referéndum para hacer la aprobación o no. ¿y cuánto tiempo puede demorar todo eso?”, se preguntó el diputado.
Los expertos coinciden en que la actual Carta Magna ha sido diseñada para un modelo económico diferente al que se propone hoy. Este nuevo modelo requiere de otras leyes estratégicas, como en minería, electricidad y energía.
“Si el anteproyecto de ley de inversiones tardó nueve meses en llegar, ¿cuánto más pueden tardar las leyes relacionadas con hidrocarburos, litio, medio ambiente y otras. Me preocupa la lentitud con la que se está manejando el aparato administrativo y la relación con la Asamblea Legislativa”, expresó Pórcel.
Sin la reforma constitucional, la nueva ley no tiene un gran futuro. “Estamos intentando instalar un software relativamente nuevo y proinversión sobre un hardware constitucional marca Quipus, diseñado bajo una lógica fuertemente estatista. Algunas aplicaciones seguramente funcionarán, otras se congelarán. Y cada cierto tiempo aparecerá en la pantalla el temido mensaje: ‘Esta operación no es compatible con su sistema constitucional’”, graficó Chávez.
Los primeros elementos para el debate
El tratamiento legislativo de la nueva norma pondrá sobre la mesa varios asuntos que determinarán su efectividad. Uno de los puntos que requerirá mayor atención es el arbitraje internacional.
Para la Cainco, mantener ese mecanismo sujeto a la voluntad del Estado “puede reducir la certidumbre necesaria para inversiones de largo plazo”.
Otra disposición que podría debilitar también la confianza que busca generar la misma ley es “la exclusión de las ganancias futuras” al momento de determinar las indemnizaciones por expropiación, lo que podría afectar el principio de una compensación justa. Otro punto sensible está relacionado con la posibilidad de transferir al exterior capitales, utilidades y dividendos “sin que el Estado asuma obligación alguna respecto a la disponibilidad de divisas”. “En un contexto de restricciones cambiarias, esta última previsión puede restar efectividad práctica a la garantía de libre transferencia y elevar la percepción de riesgo”, subrayó la institución.
El debate también se extiende a otras reformas, que, aunque no formen parte de la nueva ley de inversiones, pueden ser determinantes para mejorar el clima de negocios, como la eliminación del Impuesto a las Transacciones (IT), la aprobación de un régimen que permita el trabajo parcial, la consolidación de autoridades regulatorias independientes y la reducción del déficit fiscal por medio del cierre de empresas públicas deficitarias, entre otras.
Para Alpire, los elementos urgentes a trabajar para mejorar el clima de inversión son: las garantías para la repatriación de capitales y el acceso a divisas, un marco que permita superar o flexibilizar las limitaciones constitucionales, una reducción significativa de los costos de formalización laboral y el mantenimiento de la pacificación social. A estos elementos se suma una posición de cero tolerancia al bloqueo y una mayor diversificación sociopolítica de las alianzas internacionales.
“Para que surta un efecto real en la atracción de capitales, el país necesita con urgencia un paquete complementario de reformas sectoriales, laborales y cambiarias”, sostuvo Alpire. Y es que un inversionista puede aceptar riesgos propios de cualquier negocio, pero difícilmente estará dispuesto a asumir incertidumbres que dependan de decisiones políticas o conflictos sociales o cambios imprevisibles en las reglas del juego.
La viabilidad de la nueva ley de inversiones dependerá no solo de su contenido, sino –en primer lugar– de la capacidad de la Asamblea Legislativa para alcanzar consensos.
“Si hay voluntad política y diálogo en la comisión, se podrían enmendar, suprimir o adicionar algunos artículos (…). Pero esto no se hará al estilo masista. Tenemos que dejar de pensar en la Asamblea que las bancadas definen políticamente los proyectos”, estas leyes “no se aprueban o rechazan por consigna. No debería ser así, sino por necesidad del país, de las regiones, sostuvo Pórcel.
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