Los transportistas de cisternas que prestan servicios para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron un paro nacional de actividades a partir del próximo lunes (24 de agosto), mientras que la Cámara Boliviana del Transporte (CBT) cuestionó los resultados del reciente decreto emitido por el Gobierno para enfrentar la escasez de diésel, al considerar que la medida no ha reducido las largas filas ni solucionado el problema estructural del suministro.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisterneros, quien informó que la decisión fue asumida durante un ampliado nacional con representantes de todos los departamentos del país y respaldada por los transportistas que realizan el servicio internacional de combustibles.

Según explicó, el sector tomó la determinación después de varios meses de gestiones sin resultados concretos ante la estatal petrolera. Entre las principales demandas figuran el pago de servicios pendientes desde marzo, la revisión de las condiciones de las licitaciones, la nivelación de tarifas y la instalación de mesas de trabajo con resultados efectivos.

"El sector cisternero está impago desde marzo. Ya no puede seguir cumpliendo con el país. Estamos heridos de muerte", afirmó Kosky al señalar que las respuestas recibidas hasta ahora han sido únicamente dilatorias.

El dirigente sostuvo que la situación financiera de las empresas se volvió insostenible debido a los extensos tiempos de operación. Según indicó, los transportistas deben esperar alrededor de quince días para cargar combustible, otros quince días para completar los viajes y posteriormente aguardar entre cuatro y cinco meses para recibir el pago por los servicios prestados.

A su juicio, continuar operando bajo esas condiciones resulta inviable, razón por la que el sector decidió paralizar sus actividades como medida de presión.

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El transporte cuestiona el nuevo decreto

Las observaciones al manejo del abastecimiento también fueron planteadas por el presidente de la Cámara Boliviana del Transporte, Luis Añez, quien aseguró que el reciente decreto gubernamental no logró resolver la escasez de diésel y, por el contrario, generó mayor incertidumbre entre los operadores del transporte pesado.

El dirigente afirmó que, pese a la nueva normativa, los transportistas continúan permaneciendo entre tres y cinco días en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible.

"Lo único que ha traído este decreto es más filas, más especulación y no ha sido la solución inmediata", sostuvo.

Desde la perspectiva de la CBT, la crisis requiere medidas estructurales que permitan garantizar un abastecimiento permanente y no soluciones temporales. En ese sentido, reiteró la propuesta del sector de liberar de impuestos la importación y comercialización de combustibles, con el objetivo de facilitar el ingreso de mayores volúmenes al mercado y reducir el costo para los usuarios finales.

Para la dirigencia del transporte, mientras no se adopten decisiones de fondo, persistirán las dificultades operativas que afectan tanto al transporte de carga como al abastecimiento de combustibles en el país.

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