La investigación de dos expertos en la región muestra que el contrabando y la minería ilegal del oro están ligados a bandas delincuenciales que no tienen fronteras y que, a partir del narcotráfico, extienden sus tentáculos a otros delitos como la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, los homicidios y los secuestros, entre otros.
El descontrol es tan grande que el índice global de crimen organizado 2023 reveló que, sin excepción, los países sudamericanos experimentaron un deterioro en los niveles de seguridad.
El crecimiento de los mercados ilegales se ha convertido “en el motor del crimen organizado”. El contrabando es uno de ellos. Para muestra un botón.
De acuerdo con los datos el exfiscal chileno Carlos Gajardo, en los años posteriores a la pandemia de coronavirus, Chile registró un aumento exponencial del contrabando de cigarrillos. A inicio de ese período, del total del consumo cigarrillos, 20% era producto internado ilegalmente; hasta fines del año pasado este nivel llegó al 50% medido a través de una encuesta aplicada a los fumadores.
Paraguay produce 60 mil millones de cigarrillos al año; solo el 5% (3.000 millones) es para el consumo interno, el resto, se destina al contrabando generando un ingreso ilícito similar al narcotráfico con la diferencia que las sanciones para los infractores son mucho menores.
“En cerca del 90%, este cigarrillo de contrabando proviene del Paraguay. Chile no tiene frontera con ese país por lo que el tránsito se produce desde Bolivia con la que se tiene una frontera de 850km donde hay más de 100 pasos no controlados donde entra y sale de todo”, explicó el exfiscal Gajardo quien asegura que este ilícito utiliza las mismas rutas por donde se transportan cocaína, marihuana, armas y los “autos chutos”.
Y un indicador de ese “todo es” que, en 2023 del total de la droga incautada en Chile, la mitad fue en Antofagasta, cerca de la frontera con Bolivia. Además, es el punto de ingreso de la migración ilegal proveniente, esencialmente de Venezuela.
La logística de este ilícito es grande. Una incautación de casi un millón de cigarrillos en la frontera con Bolivia lo demostró. La banda de tres camiones de contrabandistas fue detenida por la sospecha que despertó el movimiento inusual de una retroexcavadora. Al final, se descubrió que la maquinaria pesada iba haciendo el camino para que los camiones cargados de contrabando pasen sin problemas.
“Esto es crimen organizado. No son un par de personas que venden cigarrillos en una feria. Es una gran organización que tiene la capacidad de mover grandes cantidades de logística y que, incluso, donde no hay caminos, los hacen”, agregó. Incluso, dijo, tienen la capacidad de llegar a los últimos rincones de Chile a miles de kilómetros de la frontera con Bolivia.
Solo en contrabando de cigarrillos, aseguró el exfiscal chileno, “el daño fiscal es de 800 millones de dólares al año suficientes para aumentar en 50% el presupuesto de la policía en mi país”.
En Perú la situación es similar. Un estudio realizado sobre el contrabando entre Puno y Lima de cigarrillos y ropa usada, Vargas identificó la relación del contrabando con el crimen organizado porque los mismos actores utilizan los mismos territorios y las mismas rutas para “el tráfico de armas, tráfico de oro ilegal, drogas, trata de personas y, por supuesto contrabando.
“Estamos frente a estructuras criminales, no son comerciantes y esa diferencia entre contrabando y tráfico ilegal no debe llevar a actuar contra el contrabando no solo fortaleciendo los controles aduaneros sino pensar en concepto más amplio de control fronterizo más amplio e integral que, incluso, involucre a las Fuerzas Armadas”, aseguró el exministro del interior del Perú, Rubén Céspedes.
El experto también identifica un tema crucial: no todo contrabando es contrabando. “El paso de cigarrillos adulterados de Bolivia a Perú, por ejemplo, o el paso de ropa usada de Perú a Chile no es contrabando, es tráfico ilícito porque se considera contrabando tendría que ser un producto lícito que tiene una partida arancelaria que está evitando los controles aduaneros. Estamos hablando de productos ilegales que deberían tener una respuesta distinta desde el Estado”, afirmó.
Crimen organizado
Nueve organizaciones criminales internacionales son responsables del desborde de la delincuencia y la violencia en la región poniendo en riesgo la gobernabilidad y la democracia de estos países. El Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, Los Choneros, los Tiguerones y Los Lobos de Ecuador, el Tren de Aragüa de Venezuela, Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa de México y otras organizaciones Balcánicas son las bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal el oro, la trata de personas, el contrabando y otros delitos.
La investigación del exministro del interior del Perú identificó que, en los últimos años y como un fenómeno nuevo, “tenemos la presencia de organizaciones criminales transnacionales vinculadas a las economías ilegales y eso está generando una situación de inseguridad no solo en el Perú, sino que está comenzando a convertirse en un factor que pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia en otros países de la región andina”.
En Chile, explicó el exfiscal Gajardo, la situación se refleja en un peligroso aumento de la criminalidad en 50%. La tasa de homicidios subió de 4,5 a 6,7. “Si en 2018 se cometieron 845 asesinatos, en 2022 llegaron a 1.322”.
El accionar de estas bandas criminales matrices es acompañado por casi una veintena de otros grupos violentos que operan “como franquicias” brindando protección y acompañando la comisión de delitos a lo largo y ancho del continente.
“Estamos hablando de organizaciones criminales internacionales que son verdaderos ejércitos por su número, su composición y la forma como actúan”, afirmó el exministro en la presentación de los datos del impacto del contrabando y el crimen organizado en la región.
Más criminalidad
Esta situación se refleja en el Índice global de crimen organizado 2023 elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que establece que en los 22 de los 35 países de América Latina y El Caribe este fenómeno se ha incrementado notablemente entre 2021 y 2023.
“La puntuación promedio de criminalidad en las Américas aumentó a 5,20 (+0,13 puntos) desde el 2021, de modo que los niveles de criminalidad en el continente se han puesto a la altura de los de África (5,25)”, asegura el informe que identifica la existencia de “una tendencia consistente al alza en criminalidad para casi todos los países del continente”.
Lamentablemente, los países de América del sur reportan las cifras más preocupantes. En el ranking 2021-2023, Colombia encabeza la lista con una tasa de incremento de la criminalidad de +0,09. Ecuador se encuentra en el puesto 4 con una tasa del +0,82; le sigue Venezuela en el puesto ocho con una tasa de +0,08 mientras que Perú se sitúa en el puesto 10 con una tasa de crecimiento relativamente moderada (+0,05); finalmente, Chile se sitúa en el escalón 19 con una tasa de crecimiento del +0,58.
Aunque Bolivia se posiciona en el escalón 22, entre 2021 y 2023 reporta una tasa de crecimiento de criminalidad del +0,65, la tercera más elevada después de Guyana (+0,87) y Paraguay (+82) que están en el puesto 11 y 3, respectivamente.
“Es muy posible que en el siguiente informe Bolivia ya no esté en el puesto 22 sino más cerca de posiciones más complicadas”, explicó Céspedes.
Por la cercanía con el país y por ser parte del circuito de estas redes de criminalidad es importante conocer que Brasil se ubica en el puesto 7 con una tasa de crecimiento de +0,27.
A este panorama gris se suma un factor no menos preocupante: el debilitamiento de la institucionalidad se traduce en que la mayor penetración de los actores criminales en el Estado con el consiguiente aumento del riesgo de la corrupción institucional.
El continente, afirma el estudio, “tiene la tercera puntuación mundial más baja para el indicador «transparencia gubernamental y rendición de cuentas», con un promedio de 4,44”.
“La corrupción es especialmente perniciosa en el sector de la justicia y en el de la seguridad, donde es posible que no se detecte a los actores criminales, porque recurren a sobornos o a manipular los resultados judiciales, tomando decisiones tendenciosas”, agrega el informe.
Preocupante. Entre 2021 y 2023 Bolivia reporta una tasa de crecimiento de criminalidad del +0,65, el tercero más importante de la región. Ecuador es el caso más trágico.
Zona sin control
En Sudamérica, Ecuador es, probablemente, el ejemplo más claro del desboque de la criminalidad donde el narcotráfico ha exacerbado la violencia y la corrupción. Según el informe Mundial 2024 de Human Rights Watch “La tasa de homicidios de Ecuador pasó de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25,9 en 2022. En 2023 incrementó hasta aproximadamente los 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a Ecuador entre los tres países latinoamericanos más violentos, junto con Venezuela y Honduras”.
“Dos grandes bandas criminales—Los Choneros y Los Lobos—operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador. En su lucha por el control territorial, las bandas criminales han intensificado los actos de violencia extrema, incluyendo decapitaciones y desmembramientos, atentados con coches bomba y ataques y asesinatos de jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos”.
La violencia recrudeció en enero de este año después de la fuga de la cárcel del peligroso líder de Los Choneros José Adolfo Macías “Fito”. El terror se apoderó de las calles con motines en centros penitenciarios, ataques terroristas en varias ciudades y el secuestro, al vivo, de dos presentadores de TC, Televisión de Guayaquil, mientras conducían el noticiero meridiano.
Solo en abril fueron asesinados tres alcaldes a manos de estos grupos delincuenciales. El último fue el alcalde del municipio de Portovelo, en la sureña provincia costera de El Oro, limítrofe con Perú, la zona donde operan estos grupos.
Estas bandas operan en el país. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, confirmó que el Primer Comando da Capital, el Comando Vermelho y el cártel Zeta operan en Bolivia vinculados a clanes familiares del narcotráfico.
A principios de abril, la policía detuvo en Santa Cruz de la Sierra a tres integrantes de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil que eran buscados en su país.
Pero sus tentáculos no tienen fronteras. Hace poco en Iquique, Chile, se reportó el asesinato a disparos de un venezolano miembro de Los Choneros y que estuvo prófugo en Ecuador.
El origen
Entre los factores que desencadenaron el desborde de la criminalidad, con foco en la zona amazónica, destacan la expansión de la minería ilegal entre los países amazónicos (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa), la crisis migratoria, el crecimiento de las economías informales y la precariedad del sistema penitenciario en prácticamente todos los países afectados.
Algunas cifras. En el informe de Naciones Unidas sobre el consumo de cocaína, se evidencia que en 2022 existían en el mundo 22 millones de consumidores de cocaína; en 1998 eran 14 millones de personas. Los mayores consumidores se encuentran en EE. UU. (6,3%), Europa (5,2%), Sudamérica (4,8%) con Brasil como el principal consumidor de la zona y Asia (2%). Esta presión del mercado se siente en los países productores de coca ilegal: Colombia, Perú y Bolivia donde existen 354.900 hectáreas de terreno dedicadas a esta producción. La Oficina de Naciones Unidas contra la drogra y el delito (UNODC) reportó 29.900 ha de cultivos de coca en Bolivia.
La minería ilegal del oro, principalmente, está en similar situación. Solo en Perú, cerca del 40% de la producción es ilegal generando $us 3.900 millones anuales. En Bolivia, la actividad ilegal se concentra en las riberas de los ríos de la Amazonía afectando territorios indígenas y parques nacionales y generando un alto nivel de contaminación por el uso incontrolado del mercurio.
En 2023, un estudio científico elaborado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) junto a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reveló que el 75% de los indígenas del norte amazónico están intoxicados con altos niveles de mercurio. La situación llegó a extremos: La totalidad de los habitantes de 18 comunidades indígenas afectadas presenta niveles de contaminación muy por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es 10 partes por millón de mercurio.
Sobre este tema. El contrabando de mercurio de Bolivia a Perú se ha convertido en una industria millonaria donde la diferencia entre el producto legal y el que se comercia en el mercado negro es abismal.
Otros datos muestran el impacto de la migración sin control. En los últimos cinco años Chile registró un incremento de la delincuencia dura (homicidios violentos y secuestros, entre otros) “vinculada a la inmigración venezolana y la llegada de bandas delincuenciales como el tren de Aragua”.
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