En 2022, América Latina y El Caribe recibieron alrededor de $us 224.000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), un incremento del 55% respecto a 2021, representando un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. Sin embargo, Bolivia no formó parte de esta bonanza.
Países como Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú captaron la mayoría de estas inversiones, mientras que Bolivia registró una IED directa neta de cero, según la apreciación de Jaime Dunn, experto analista financiero en mercados nacionales e internacionales, en el marco del Segundo Encuentro de Economistas que impulsa el Colegio de Economistas de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.
“Entre el 2022 y el 2023 Bolivia ha experimentado una significativa salida de capitales. Por ejemplo, hace dos años se dejaron de invertir alrededor de $us 983 millones y el año pasado otros $us 406 millones (…) Empresas extranjeras han vendido sus activos y se han retirado, llevándose consigo los pocos dólares que Bolivia podría haber retenido”, resaltó Dunn.
En su ponencia, Dunn subrayó que las tendencias de IED han cambiado de dirección en términos de sectores de interés. Los principales destinos de inversión actualmente son los servicios, seguidos por las manufacturas y, en menor medida, los recursos naturales.
Esto contrasta con la percepción tradicional del país en donde se centra la inversión en la explotación de recursos naturales como el gas natural y la minería. En este sentido se debe tomar en cuenta la meta global de cero emisiones para 2050 en donde se ha redirigido una parte importante de la IED hacia las energías renovables, con $us 350 millones comprometidos en 2022. De nuevo, Bolivia no atrajo ninguna parte de esta inversión.
Una mirada hacia el pasado
Dunn, haciendo referencia a la historia de la IED en Bolivia, resaltó el período de 1990 a 2005, en donde sobresale la capitalización y la abundancia de gas, que llevaron a inversiones significativas. En contraste con el 2006, en donde la política económica adoptada redujo de manera drástica las inversiones, quedando muy por debajo del promedio latinoamericano.
En este sentido, el economista afirmó que los factores que desincentivan la inversión en Bolivia son de estructura:
- Sistema tributario complejo y altos impuestos; Bolivia es considerado un “infierno fiscal” según mediciones internacionales.
- Burocracia y barreras administrativas; por la “excesiva” burocracia se fomenta la corrupción.
- Falta de seguridad jurídica; por resoluciones unilaterales, desconocimiento de tribunales internacionales y una justicia politizada e ideologizada.
- Fuerte presencia del Estado en la inversión; por lo que desplaza la inversión privada, generando un fenómeno de “crownding out”.
Dunn explica que el modelo económico actual de Bolivia, con su fuerte énfasis en la inversión pública y el consumo, muestra ser insostenible en tiempos de escasez de recursos. La caída de la renta petrolera y la “incapacidad del Estado para cumplir con sus metas de inversión”, subrayan una necesidad urgente de fomentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Asimismo, sugiere la creación de un marco legal que proteja y fomente la inversión privada, prohibiendo nacionalizaciones sin acuerdo y garantizando la seguridad jurídica, como un cambio vital para la transformación del ahorro en inversión, luego en producción y posteriormente en empleo, elementos esenciales para el desarrollo sostenible de Bolivia.