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Opinión

Colapso de las reservas: el alto costo de la irresponsabilidad

martes, 17 de noviembre de 2026

Colapso de las reservas: el alto costo de la irresponsabilidad

Ronald Nostas es Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

En septiembre de 2007, el expresidente Evo Morales presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde afirmaba que Bolivia poseía 48,7 TFC de reservas probadas y probables de gas. En 2013, en su segundo PND, prometía que para 2025, “Bolivia habrá consolidado un sector hidrocarburífero (…) con un significativo incremento de las reservas naturales de gas…”. En 2019, su ministro del área declaró que nuestro país vivía sobre “un mar de gas”.

Hoy se conoce la dura realidad: en 2025 al concluir el ciclo masista, las reservas apenas llegan a 2,76 TCF entre probadas y probables. Durante 20 años Bolivia no solamente dejó de reponer sus reservas, sino que comprometió su capacidad de satisfacer la demanda interna y de generar excedentes exportables, debilitando su principal fuente de divisas y de ingresos fiscales, y hoy se encamina a importar el combustible.

La contradicción no pasaría de ser otra muestra de la demagogia que caracterizó al régimen si no fuera por su dimensión y efectos catastróficos. Con las reservas actuales, se podría cubrir seis años al ritmo de extracción vigente. Sin embargo, el abastecimiento se deteriorará mucho antes, debido al declive natural de los campos maduros y a la menor capacidad de producción.

La crisis del gas es uno de los perjuicios más significativos a la economía nacional. Es tan severa que trasciende la imprevisión, ingresa en la irresponsabilidad y evidencia que, por dos décadas, la ineficiencia y el engaño se convirtieron en política pública.

Con la premisa de que teníamos reservas casi inagotables, el crecimiento se cimentó en el gas como generador de renta. El objetivo central no era hacer sostenible la producción, sino asegurar su control, mientras que la exploración se convirtió en un programa genérico de prospección e incremento de reservas, sin metas ni recursos.

La inversión se concentró en extraer más de los megacampos descubiertos en los noventa que en buscar nuevos yacimientos. La exploración recayó sobre YPFB, una entidad sin capital ni tecnología, con poca transparencia y altamente politizada. Se relegó a las empresas privadas a ser prestadoras de servicios y se aplicó un régimen fiscal que gravaba la producción sin considerar el alto riesgo exploratorio.

Otro problema fue la politización. En 2006, con mucha propaganda y presencia militar, Morales decretó la “nacionalización de los hidrocarburos”, una medida retórica que ahuyentó cualquier interés por invertir en Bolivia. En 2008 se aprobaron contratos entre YPFB y PDVSA para explorar áreas del norte de La Paz y el Beni, pese a que los trabajos previos en Lliquimuni habían fracasado. En 2024 el gobierno de Arce anunció el "megacampo" Mayaya X1, cuya viabilidad está en duda.

Lo más grave de esta situación no es que haya ocurrido, sino que fue anunciada con muchos años de anticipación: economistas, investigadores, fundaciones y cámaras empresariales lo advertían desde hace una década.  Incluso la Estrategia de Hidrocarburos de 2008 demandaba la necesidad de desarrollar una política agresiva de exploración para incorporar nuevas reservas, y afirmaba que, sin señales de una política seria de exploración, no habrá clima para negociar nuevas ventas ni para invertir.

El peor escenario está llegando. Convertirse en importador implica que el país deja de recibir dólares y que el subsidio será insostenible. Con el precio internacional Bolivia pagaría entre 9 y 14 dólares por millar de BTUs, lo que a nivel interno multiplicaría el costo actual y demandaría dólares que no tenemos. El impacto puede ser devastador para la industria. Con menos gas disponible y a mayor precio podrían generarse racionamientos que afectarían toda la cadena productiva, desde la agroindustria hasta la minería, pasando por el cemento, cerámica, vidrio, alimentos y petroquímica e incluso la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo.

Ninguna medida aislada evitará que Bolivia deba importar gas en los próximos años. Pero sí es posible reducir la magnitud y la duración de la crisis, proteger la estabilidad económica y sentar las bases de una recuperación. Para ello, es urgente aprobar las Leyes de Hidrocarburos e Inversiones, con un régimen fiscal competitivo, arbitrajes internacionales y contratos estables; explotar hasta el límite los campos existentes, iniciar la explotación del Proyecto Domo Oso-X3, ajustar por etapas el precio del gas, acelerar proyectos solares y eólicos para reducir la participación del gas en la generación eléctrica, planificar la importación desde Argentina, y rediseñar la estructura y funciones de YPFB.

La crisis del gas demuestra que ningún país puede sostener su desarrollo consumiendo sus recursos sin reponerlos, ni reemplazar la planificación con propaganda. Necesitamos una política energética que devuelva protagonismo a la inversión privada, garantice reglas estables, recupere la capacidad productiva y asegure el abastecimiento. De lo contrario, la escasez terminará convirtiéndose en una limitación estructural para el crecimiento.