El Decreto Supremo (DS) 5218, que permite la importación directa de combustibles para consumo propio, ha sido bien recibido por los sectores productivos del país, asegurando un suministro constante y reduciendo la carga sobre los subsidios a los hidrocarburos, según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.
“El objetivo principal de esta medida es responder a las exigencias de nuestros sectores productivos, facilitando el acceso a los combustibles de manera más rápida y eficiente”, señaló Gallardo.
El ministro explicó que el Gobierno confía en que el volumen de combustible importado por las empresas privadas contribuirá a disminuir la demanda interna, lo que, a su vez, permitirá reducir el gasto público en subsidios a los hidrocarburos.
El nuevo marco normativo también ofrece mayor flexibilidad en los puntos de importación y en la elección de proveedores, lo que representa un ahorro en costos y una mejora en la logística para las empresas.
El DS 5218, aprobado recientemente, simplifica los procedimientos de importación, eliminando largos trámites judiciales que antes podían tardar entre 30 y 60 días.
Con la normativa actual, las empresas solo deberán presentar una declaración jurada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), permitiendo que los combustibles se gestionen de forma casi inmediata.
“Este decreto permitirá a los sectores productivos contar con el combustible necesario en tiempos significativamente menores, reduciendo los trámites de 5 a 10 días”, indicó el ministro.
Otro cambio significativo es la simplificación de los certificados de calidad, que ahora podrán presentarse mediante copias legalizadas o firmas digitales, reconocidas por entidades certificadoras nacionales, como el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca).
Gallardo señaló que ya hay nueve empresas, principalmente del sector minero y agropecuario, que están importando combustible bajo estas nuevas disposiciones, con una capacidad mensual de 13,4 millones de litros, suficiente para abastecer al departamento de Oruro.
Además, se están procesando 50 nuevas solicitudes de empresas que buscan obtener la “no objeción” de YPFB para iniciar los trámites ante la ANH y la Dirección Nacional de Sustancias Controladas, según informó el ministro.
